Fallo contra la jubilación de docentes que había dispuesto Vidal

El Juez Contencioso Administrativo, Francisco José Terrier dictó un fallo que impide al gobierno bonaerense notificar ceses de oficio para jubilar a los maestros. Fue luego de una presentación realizada por los gremios después que comenzaron a llegar las primeras notificaciones avaladas por una resolución de la Dirección General de Escuelas.

En febrero pasado, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial una resolución por la cual ordenaba el “cese jubilatorio de oficio” de los docentes que, al 31 de diciembre de 2017, hayan cumplido 60 años de edad y 30 años de servicio. Explicaron que la medida alcanzaba a “poco más de 1.200” agentes, pero que de ese total “casi el 60% ya lo pidió en forma voluntaria” Sin embargo, los gremios dijeron que eran 3060 los afectados y que la decisión “vulneraba sus derechos”. Ahora, desde el Frente de Unidad Gremial celebraron el fallo: “La Justicia nos dio la razón”, afirmaron.

Terrier ocupa en forma interina el Juzgado Contencioso 1 de La Plata, que antes estaba a cargo del suspendido Luis Airas. “El dictamen, es consecuencia del conjunto de presentaciones realizadas en enero, febrero y marzo, junto a la impugnación de la Resolución 2397/17”, aclararon los sindicatos.

En la Dirección de Escuelas explicaron que lo resuelto por el Juzgado “era esperable, hizo lugar a la pre cautelar pero no resolvió la cuestión de fondo”. Y que hace una semana -cuando el magistrado comenzó a pedir informes a partir de la denuncia gremial- “suspendimos el envío de las notificaciones a los que estaban en condiciones de jubilarse”. Aseguraron que “vamos a dejar de enviar las notas hasta esperar que se resuelva el fondo de la cuestión”. Hay antecedentes: otras veces fueron frenados los “ceses de oficio”, pero después la cámara en lo Contencioso terminó avalando la decisión del Ejecutivo.

Un funcionario del área educativa aclaró también que quienes están en condiciones de acceder a la jubilación automática “son unos 500 educadores, no 3.060 como trascendió”. Atribuyó la diferencia en el número a un “error” en la búsqueda en el listado de empleados del sistema educativo.

El mecanismo que pretende aplicar la Provincia establece que, una vez que se notifica, el docente tiene un mes para rectificar su situación si eventualmente no cumpliera con estos requisitos. Luego tiene dos meses antes de concretar el abandono de su puesto de trabajo y entonces ya queda en condiciones de cobrar la jubilación que paga el Instituto de Previsión Social (IPS).

En el reclamo judicial, FEB y Suteba plantean que la jubilación de oficio “perjudica a los docentes involucrados, en cuanto no les aseguran un proceso inmediato de jubilación, condenandolos a la percepción de la mitad de sus haberes y la pérdida de la obra social IOMA”.

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