De revolver la basura a empresaria social: la historia de Cristina Lescano, la líder de El Ceibo

Al costado de la colectora de la autopista Arturo Illia, en un camino de tierra perpendicular a la calle Salguero, se levanta un galpón inmenso donde funciona El Ceibo, una cooperativa de recuperadores urbanos que clasifican y enfardan el material que separan empresas y vecinos de barrios de la Ciudad y que luego venden a clientes que lo reutilizan.

Cristina Lescano, la directora, es “la jefa”. Así se refieren a ella cuando LA NACION pregunta dónde encontrarla. “La jefa está trabajando, ya sale”, dice un hombre de unos cincuenta años mientras nos invita a pasar. Adentro, en una especie de sala de espera con sillas que dan a su oficina, se acerca Taison, un perro mestizo con la apariencia de un ovejero alemán que frota su cuerpo contra las piernas de esta cronista y el fotógrafo que viene a retratar a su dueña. En los rincones abundan neumáticos de autos pintados de rosa y naranja que hacen las veces de macetas. Al alzar la vista, una bandera de protesta naranja cuelga de la baranda del entrepiso. Se leen, entre otros reclamos: “Exigimos herramientas de trabajo, medidas de seguridad e higiene; en contra de la reforma de ley del gobierno porteño que propone incinerar la basura”.

Cristina tarda en salir. Se la escucha hablar en tono de queja durante algunos minutos: “Si mañana hay paro de bancos la gente no va a poder cobrar”. Son los primeros días del mes y se quiere asegurar de que todos los socios reciban el dinero que les corresponde antes del fin de semana. Saluda y pide que la sigamos con un ademán. Al costado de la oficina y detrás de una puerta que está cubierta por una cartulina de control de asistencia, aparece un galpón de grandes proporciones. Toneladas de “basura” apilada, máquinas y entre diez y quince personas que trabajan arman el paisaje. Inesperadamente, casi no hay olor. “No es basura, es material reciclable”, aclara Cristina ante la consulta. “¿Huevo, qué pasó? Un reloj así grandote te voy a comprar”, le dice a uno de los trabajadores que admite haber llegado tarde porque se quedó dormido. Intenta concentrarse en la entrevista pero interrumpe su relato más de una vez para dar indicaciones.

La historia de El Ceibo: su historia

Cristina Lescano tenía 36 años cuando en el contexto de la hiperinflación de 1989 viajó desde Trelew -donde vivía con sus tres hijos- a Buenos Aires para buscar trabajo. Cuando llegó, se instaló en una casa tomada de Palermo junto a Martín, el más chico de sus hijos, y otras cuatro familias. “Era horrible vivir así. Esa casa tenía dueño, podía venir de la noche a la mañana y sacarte de ahí”, dice. Formó parte de la primera camada de cartoneros que revolvían la basura en búsqueda de material que luego vendían a depósitos por poco dinero. “No es lindo cirujear -reflexiona-. Ahora está mejor visto porque la sociedad ya lo aceptó, pero en esa época éramos mirados, nos llevaban presos, nos sacaban los carros”. Recuerda la primera vez que salió a la calle. Ahora lo cuenta con liviandad, pero confiesa que sentía vergüenza y salía escondida detrás de un gorro y una bufanda aunque era de noche. No lo sabían, pero su trabajo de reciclaje era indispensable para combatir la contaminación. “Lo hicimos por necesidad, para tener algo para comer al final del día”, cuenta.

El tiempo les dio herramientas para manejarse mejor y se dieron cuenta de que si vendían lo que recolectaban en conjunto conseguían más dinero. Esa fue la primera semilla de El Ceibo, la cooperativa de cartoneros que lleva el nombre de la flor nacional y popular. De cincuenta personas pasaron a ser cien, de cien a ciento veinte y el crecimiento les empezó a exigir una estructura legal, que encontraron en la cooperativa.

Al principio hicieron un trabajo titánico para concientizar a los vecinos. Se identificaban con pecheras y ellos les entregaban bolsas con cartones, papel, bolsas de nylon, botellas PET, tetra pack y vidrio. En 2003 el Estado les facilitó el galpón, donde clasificaban los residuos y los empaquetaban para venderlo a empresas que lo reutilizaban para la fabricación de productos. “Nosotros tenemos un tesoro que otros necesitan”, afirma Cristina. Emocionada, recuerda que iban a pescar a la Costanera todos los días para comer y así evitar gastar el poco dinero que tenían.

Con la llegada de la ley porteña 992 ese mismo año, obtuvieron un marco regulatorio que desde entonces los reconoce como un Servicio Público. De a poco y a fuerza de dedicación, incorporaron otra oficina administrativa ubicada en Palermo, electricidad, agua, camiones para recolectar los residuos, un comedor, máquinas para automatizar el proceso, casi 5500 generadores que separan los residuos, clientes que pagan por el servicio y, actualmente, trabajan 302 socios provenientes de la villa 31, González Catán, Villa Fiorito, entre otros, con un sueldo de 15.000 pesos para arriba por una jornada de 8 horas que empieza a las 7 de la mañana.

Fuente: La Nación

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