«Me patiné la plata»: preceptora se robó la plata de un viaje de egresados

Una preceptora de la Escuela Técnica N° 1 de Bragado fue denunciada penalmente por el presunto desvío de unos 45 mil dólares que habían sido reunidos por familias de estudiantes de séptimo año para financiar el viaje de egresados a El Bolsón. El caso afecta a 37 familias que, durante más de un año, realizaron pagos mensuales, además de organizar rifas, ventas de comida y distintas actividades para juntar el dinero necesario para el viaje, que incluía traslado en avión. Según trascendió, la mujer pedía que los depósitos se realizaran directamente a su cuenta bancaria personal y no a una cuenta institucional vinculada al colegio o a una empresa turística. Esa modalidad, sostenida durante meses, es uno de los principales elementos bajo investigación en la causa. El viaje sufrió al menos seis reprogramaciones y, cada vez que surgían demoras, la preceptora habría presentado documentación atribuida a agencias de turismo para justificar las postergaciones. Ahora se sospecha que esos papeles podrían haber sido adulterados. La maniobra salió a la luz luego de una reunión convocada por autoridades de la institución educativa con los padres de los alumnos, en la que se les informó que el dinero recaudado no estaba disponible. Delfina Méndez, familiar de uno de los estudiantes afectados, aseguró que la acusada llegó a reconocer informalmente la situación antes de dejar de tener contacto con las familias. “Me patiné la plata”, habría expresado la mujer, quien posteriormente pidió licencia por motivos de salud y dejó de responder mensajes. “Nos sacó mucho más que plata. Detrás de eso hay un año entero de esfuerzo, de ventas y actividades para que los chicos pudieran cumplir el sueño del viaje”, sostuvo Méndez en declaraciones a un medio local. Por su parte, el abogado Federico Etcheún confirmó que ya se presentó una denuncia colectiva por estafa agravada. El letrado explicó que la condición de empleada pública de la acusada podría agravar su situación judicial y derivar en una eventual pena de prisión. Además, las familias solicitaron medidas cautelares para intentar recuperar parte del dinero, entre ellas el embargo de bienes, vehículos, inmuebles y cuentas bancarias. En paralelo, el representante legal advirtió que la institución educativa también podría enfrentar consecuencias civiles, debido a que los hechos denunciados ocurrieron en el marco de una actividad escolar organizada con alumnos del establecimiento. Mientras avanza la investigación judicial, vecinos y allegados a las familias impulsaron una campaña solidaria para intentar que los estudiantes no pierdan el viaje de egresados. Según indicaron, los fondos recolectados son controlados por profesionales contables y cada movimiento es informado a los padres de manera diaria.

Fuente: Código BAIRES