Cacharí se movilizó masivamente contra el peaje en la Ruta 3 que preocupa a los vecinos

Vecinos de Cacharí se concentraron ayer domingo en el acceso a la localidad, sobre la Ruta Nacional 3 y avenida San Martín, para expresar su rechazo a la instalación de una nueva cabina de peaje en el kilómetro 290, entre Cacharí y Azul. La jornada incluyó volanteada, feria, artistas locales y un clima de unidad que, según los organizadores, cruzó las fronteras políticas del distrito. La polémica surgió luego de que Vialidad Nacional confirmara la instalación de dos nuevas estaciones de peaje en el partido de Azul como parte del proceso de privatización de las rutas nacionales: una en el km 290, entre Azul y Cacharí, y otra en el partido de Benito Juárez, a pocos kilómetros de Chillar, en el km 380. Desde entonces, el rechazo fue creciendo en distintos sectores de la región. La movilización del domingo contó con el acompañamiento de concejales de distintos espacios políticos, la senadora bonaerense María Inés Laurini, el Padre Oliver, la agrupación Estrellas Amarillas, feriantes y artistas locales. También llegaron adhesiones de ciudades de la región. El delegado municipal de Cacharí, Raúl Alcides Fernández Ortiz, fue uno de los protagonistas del acto y no ocultó la emoción. “Los vecinos y vecinas de Cacharí volvimos a demostrar que, cuando una comunidad se une para defender sus derechos, no hay causa pequeña ni lucha imposible”, expresó. En su mensaje, Fernández Ortiz apuntó contra la medida nacional: “No podemos permitir que se siga cargando el peso del ajuste sobre los trabajadores. Es una medida injusta, que perjudica a quienes hacen un enorme esfuerzo todos los días para salir adelante”, sostuvo, y adelantó que la localidad seguirá “en estado de alerta y movilización permanente”. El principal argumento de quienes rechazan el peaje es el impacto cotidiano que tendría sobre trabajadores, estudiantes, productores, comerciantes y transportistas que circulan habitualmente entre Cacharí y Azul. La ubicación elegida, advierten, generaría una división territorial que castigaría especialmente a quienes deben viajar a la ciudad cabecera por trabajo, salud, estudio o trámites. Mientras tanto, el reclamo de información oficial sobre tarifas y obras asociadas sigue sin respuesta.

Fuente: Séptima Sección