Condenan a dos policías florenses a tres años de prisión en suspenso por «apremios ilegales»

Declarados coautores del delito de apremios ilegales en perjuicio de un joven, hecho sucedido durante un procedimiento llevado a cabo en Las Flores en febrero de 2017, dos policías de la Bonaerense fueron condenados ayer a respectivas penas de tres años de prisión de ejecución condicional en un debate que tuvo como escenario uno de los juzgados correccionales con asiento en el Palacio de Justicia de Azul. Aníbal Álvarez, el magistrado que intervino en este juicio oral, también inhabilitó a ambos efectivos de seguridad «para desempeñarse como funcionarios o empleados públicos» por un lapso de seis años. Los policías condenados en esta primera instancia fueron identificados por fuentes judiciales como Juan Adrián Paulucci y Leopoldo Daniel Núñez. Oriundos de Las Flores y con actuales domicilios en esa vecina ciudad, el primero de los agentes mencionados tiene 43 años de edad y el otro, 44. El hecho que se tradujo en las condenas para ambos efectivos de seguridad -según se señala en el fallo, «numerarios de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul» que cumplían funciones «en un grupo de avanzada con asiento en la ciudad de Las Flores»- había ocurrido el 23 de febrero de 2017. Aquel episodio, en esa vecina ciudad ya referida, sucedió en la casa donde el joven que resultara víctima de estos «apremios ilegales» se domicilia, la cual está situada sobre la calle Larralde. Paulucci y Núñez, a modo de apoyo a personal de la Estación de Policía Comunal, habían ingresado a ese inmueble en busca de un joven llamado Mariano Yamil Caputo. A la víctima de este hecho, aquel día uno de los ahora condenados en esta primera instancia lo redujo «colocándole los brazos por detrás de la nuca». Al mismo tiempo, el otro policía le dio «varias trompadas en la cara, pómulo, oreja y estómago», provocando que el joven -que padece una discapacidad que le impide hablar normalmente- «sufriera lesiones leves». Además, uno de los efectivos encausados, en dos ocasiones «le sumergió su cabeza en un tanque de agua que existía en el lugar», en busca de que Caputo dijera dónde estaba el arma reglamentaria que le había sido sustraída aquel mismo 23 de febrero de 2017 a una mujer policía. Ese mismo día en que fuera agredido, el joven recibió asistencia en el hospital y después formuló una denuncia en sede judicial, presentación que se convirtió en el inicio de la investigación penal que ayer derivó en las condenas para ambos policías. Durante el juicio la víctima declaró en dos oportunidades. Y teniendo en cuenta sus problemas para poder hablar, esos testimonios los brindó asistido. En un principio, con su abuela en calidad de intérprete y de forma presencial. Después, pero de manera virtual por zoom, acompañado por una especialista en lenguaje de señas perteneciente al programa de «Acceso a la justicia para personas con discapacidad (ADAJUS)» que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. De acuerdo con el relato de Caputo, la agresión que sufriera en su casa fue presenciada por su abuela y por su hermana, mujeres ambas que comparecieron como testigos en este debate cuyo fallo se anunció ayer.

Fuente: Diario EL TIEMPO (Azul)